Suspensión en el amparo fiscal: qué protege, qué garantía exige y qué cambió en 2025

Un crédito fiscal o un embargo pueden afectar a una empresa mucho antes de que un tribunal decida si la autoridad actuó conforme a derecho. Por eso suele ser decisiva la suspensión del acto reclamado: la orden de mantener las cosas como están mientras se resuelve el juicio. En materia fiscal tiene reglas propias, y la reforma a la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de octubre de 2025 modificó varias.

Desde el 17 de octubre de 2025, el artículo 128 obliga al juez, cuando la naturaleza del acto lo permita, a ponderar expresamente la apariencia del buen derecho y el interés social, y a verificar cuatro requisitos: que el acto exista, sea inminente o se presuma razonablemente; un principio de agravio, al menos indiciario; que la medida no cause un daño significativo a la colectividad, y la apariencia del buen derecho en un análisis preliminar que no prejuzga el fondo. Quien invoque un interés legítimo debe acreditar, además, el daño inminente e irreparable y el interés social que justifica la medida (artículo 131).

En el auto inicial el juez concede o niega la suspensión provisional, cita a una audiencia dentro de cinco días y pide a las autoridades un informe previo en cuarenta y ocho horas (artículo 138); en esa audiencia resuelve la definitiva (artículo 144). Según el transitorio tercero del decreto, las reglas nuevas rigen también las actuaciones posteriores de los juicios que ya estaban en trámite.

Contra la determinación o el cobro de contribuciones, el artículo 135 permite conceder la suspensión discrecionalmente, con efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora. La Segunda Sala de la Suprema Corte lo articuló con el artículo 136: la medida surte efectos desde que se concede, pero cesa si, dentro de los cinco días siguientes a que surte efectos su notificación, no se otorga la garantía fijada y el juez así lo determina; mientras no haya ejecución, otorgarla la reactiva.

La suspensión surte sus efectos de inmediato pero su efectividad está condicionada a que se garantice el interés fiscal por cualquiera de los medios legalmente establecidos que le señale el Juez de amparo.

• Billete de depósito o carta de crédito de institución autorizada.
• Prenda o hipoteca, con las exclusiones que fija la ley.
• Fianza, sin beneficios de orden y excusión.
• Obligación solidaria de un tercero idóneo y solvente.
• Embargo en la vía administrativa.

Esas son las formas del artículo 141 del Código Fiscal de la Federación, que también dispone que la garantía se otorgue ante la autoridad exactora; en créditos estatales o municipales rigen las del código fiscal local. El juez puede reducirla o dispensarla si ya hay embargo firme suficiente, si el crédito excede la capacidad económica del quejoso o si este es un tercero (artículo 135). Si el amparo se niega o se sobresee, la autoridad la hace efectiva.

La suspensión no procede si perjudica el interés social o el orden público. La reforma de 2025 añadió al artículo 129 casos que tocan de cerca a las empresas:

El juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa tiene su propia suspensión, también sujeta a garantizar el interés fiscal (artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo). No es obligatorio agotarlo antes del amparo si su ley no permite suspender con los mismos alcances que la Ley de Amparo, exige más requisitos o fija un plazo mayor para la provisional, entre otras excepciones (artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo). Si alguna se actualiza depende del caso.